En medio de un escenario marcado por la feroz represión policial del Gobierno ultraderechista de Javier Milei contra las movilizaciones populares, la ciudadanía argentina había logrado frenar en el Congreso las pretensiones del Ejecutivo de derogar la Ley de Tierras.

Sin embargo, en un evidente fallo contra los intereses patrióticos, la Corte Suprema de Justicia anuló el recurso de amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM), convalidando la vigencia del megaproyecto entreguista del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/2023) y abriendo la puerta a la extranjerización irrestricta del territorio argentino.

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La resolución del máximo tribunal deja sin efecto el límite protector del 15 por ciento que impedía que corporaciones y capitales multinacionales se apoderaran de extensiones estratégicas del país.

Con este aval judicial, fondos buitre y conglomerados transnacionales quedan habilitados para adquirir el 100 por ciento del suelo nacional, tomando el control de recursos vitales como riberas de ríos, reservas lacustres, acuíferos y zonas sensibles de frontera militar y económica.

Frente a la contundente condena social, la Corte Suprema emitió un comunicado institucional para intentar matizar el alcance de su fallo, escudándose en pretextos meramente procesales e intentando desviar el debate hacia la supuesta falta de legitimación del CECIM.

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En un claro intento por desarmar el cuestionamiento público, la magistratura acusó de promovientes de «discursos de odio» a los sectores patrióticos y movimientos sociales que denuncian el vaciamiento de la soberanía nacional, afirmando que el tribunal ejerce un alegado «liderazgo en la protección de los recursos naturales».

Esta retórica judicial busca enmascarar la consecuencia de fondo: el alineamiento del Poder Judicial con la agenda del régimen de Milei para subastar los bienes comunes del país.

Al declarar que la soberanía territorial no constituye un derecho de incidencia colectiva y esquivar el pronunciamiento sobre el DNU, la Corte actúa como un engranaje facilitador para el saqueo imperialista, mientras el pueblo argentino reafirma su decisión de defender la Patria y sus recursos naturales en las calles.

Para principios de agosto el debate sobre la reforma a la Ley de Tierras en el Senado de la Nación Argentina evidenció una profunda fractura para el bloque oficialista.

Senadores de distintas bancadas, incluidos sectores calificados como aliados al Gobierno de Javier Milei, ratificaron su rotundo rechazo al proyecto que busca incrementar el límite de extranjerización del suelo rural del 15 por ciento al 25 por ciento por provincia, abriendo la puerta al despojo de los recursos naturales y a la pérdida de soberanía territorial.

Legisladores como el radical pampeano Daniel Kroneberger y el catamarqueño Flavio Fama confirmaron su voto en contra de la iniciativa entreguista, señalando que la flexibilización en favor de capitales transnacionales es inaceptable y carece de justificación frente a las verdaderas urgencias económicas de la población.

Asimismo, desde Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo adelantó la oposición de las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, advirtiendo que «de ninguna manera tenemos que entregar un metro cuadrado de tierra argentina a los extranjeros».

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